EMILIO ORDIZ

  • Las asociaciones estiman que ocho millones de españoles están afectados por el impuesto y animan a reclamar.
  • Esto además podría suponer un elevado coste económico para la banca: unos 4.000 millones.
  • , por Mariano Gistain.

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El ha decidido que es el banco y , corrigiendo así su doctrina anterior.

Las asociaciones de consumidores, al conocer la noticia, la celebran y animan a los clientes que pudieran estar afectados a reclamar ante las entidades bancarias.

Con todo, conviene preguntarse cuáles son las claves que subyacen tras esta decisión del alto tribunal:

¿Qué es el impuesto de las hipotecas?

Se trata del impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. Supone el coste más importante cuando hablamos de una hipoteca y no es el mismo en toda España. Cada comunidad autónoma cuenta con el suyo, que normalemente varía entre el 0,5% y el 1,5%.

Hasta ahora, el cliente era el que tenía que hacer frente a ese gasto. Si usamos como referencia una escritura de 150.000 euros, se mueve entre 750 y 2.250 euros.

¿Por qué rectifica el Supremo?

Tiene en cuenta, para tomar esta decisión, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, "que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca". Esto además podría suponer un elevado coste económico para la banca, que rondaría los 4.000 millones de euros, según estima la agencia Moody's.

Esto corrige lo reflejado en febrero, cuando el tribunal dictaminó que quien debía hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados era el cliente y no las entidades con las que se suscribe el préstamo; por unanimidad, el pleno de la sala de lo Civil descartó entonces abuso en la aplicación sobre el prestatario del gravamen.

¿Tiene carácter retroactivo?

Tal como confirma a 20minutos la abogada de Voyadefenderte, Yaiza Muñiz, "las personas que reclamen a partir de ahora pueden acogerse a esta sentencia", aunque el TS no especifica sobre la retroactividad, sea cual sea el año de su hipoteca. No podrán hacerlo quienes hayan reclamado y tengan "una sentencia al respecto" y se les hayan restituido esos gastos.

Los bancos concretan que se trata de una cuestión tributaria y por eso lo reducen a aquellas hipotecas firmadas desde 2014, algo que Adicae desmiente. "Siendo una práctica abusiva, no tiene prescripción", comentan.

¿Qué dice la sentencia?

El fallo responde al recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de junio de 2017, y anula un artículo del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Y es que considera que la expresión "cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario" es contraria a la ley.

¿Quién puede reclamar?

Según Muñiz, puede reclamar "cualquiera que haya formalizado un préstamos hipotecario, y que haya abonado, que son todos, los gastos de formalización entre los que no está solo el impuesto de Actos Jurídicos Documentados". 

¿Cómo se puede reclamar?

Para efectuar esa reclamación hay que seguir una serie de pasos, según explican desde Legalitas. Ha de hacerse primero con la entidad bancaria y posteriormente en los tribunales. Se debe reunir la documentación necesaria. Después, localizar la escritura de préstamo hipotecario cuyos gastos se pretendan reclamar, junto con las facturas de notaría, registro de la propiedad, tasación del inmueble, gestoría e impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

El siguiente paso será redactar un documento de reclamación dirigido a la entidad bancaria solicitando los importes abonados. Lo lógico, apuntan, es que el banco intente negociar. Una vez revisada esa respuesta de la entidad: el banco debería resolver la reclamación en un plazo de dos meses. En caso de que desatienda la petición, habría que recurrir a los tribunales.

Además, la OCU pide al Gobierno que tome medias urgentes para agilizar las reclamaciones ante el atasco "monumental" que existe en los juzgados a causa de la actitud irresponsable de las entidades financieras, empeñadas en recurrir hasta la extenuación a pesar de que pierden los juicios en la practica totalidad de las ocasiones, generando un perjuicio grave a todos los consumidores.

¿Puede esta decisión encarecer las hipotecas?

"En la medida en que el banco tendría que asumir el importe del impuesto, van a sacar ese dinero de otro lado", esgrime Muñiz. Pueden hacerlo, dice, "ampliando las condiciones de apertura o estableciendo otro tipo de comisión". Pero avisa, quizás esas medidas, en unos años, "sean consideradas también abusivas".

Aclara la abogada que "esto no va afectar al préstamo", pero "probablemente sí lo encarzca" porque los bancos "no son entidades sin ánimo de lucro, y eso hay que tenerlo claro".

¿Qué opinan los consumidores?

Entre las asociaciones de consumidores, Facua celebra el cambio de criterio e insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a "emprender medidas" para supervisar la reacción de la banca.

Según esta asociación, esta "excelente noticia" debe cambiar el sentido de las miles de sentencias que van a dictarse en los próximos años.

Desde Asufin, que ha presentado cuatro demandas colectivas para reclamar los gastos de constitución de hipotecas, animan a los consumidores a reclamar, aunque su presidenta, Patricia Suárez, pide "responsabilidad a los bancos", que deberían devolver los importes a sus clientes sin necesidad de acudir a los tribunales. No solo se ahorrarán intereses y costas, añade, sino que "recuperarán la confianza que tanta falta hace para que el sistema funcione con las mismas reglas para todos".

La asociación reitera además su demanda de que se dote de más medios a los juzgados especializados en cláusulas abusivas, "ante la avalancha de demandas que se espera"; Asufin calcula que unos 8 millones de españoles ha contratado una hipoteca, que de media podrían reclamar alrededor de 3.000 euros.

¿Y la banca?

Bancos, cajas y cooperativas de crédito defienden su posición y afirman nunca han percibido "cantidad alguna" en concepto de impuesto de hipotecas y piden "más seguridad jurídica y reglas claras".

Las entidades, señala el comunicado, han cumplido siempre con la normativa vigente, "aprobada hace más de 20 años", y con la reiterada jurisprudencia de la sala tercera del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, "unánime, y mantenida hasta fechas muy recientes", principio que por lo demás ha presidido siempre las relaciones de las entidades con sus clientes.


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