EFE

  • La Iglesia elaborará una nueva normativa para la prevención de los abusos en la institución.
  • Estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández.
  • Es el obispo que estuvo al frente de la cuestionada investigación del caso de abusos sexuales en el seminario de La Bañeza.

Sacerdote

La Iglesia católica española creará una comisión que elaborará una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y revisará sus protocolos de actuación ante estos casos, según ha informado este martes la Conferencia Episcopal (CEE).

Esta nueva normativa sustituirá a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

Para actualizar estos protocolos, el Comité Ejecutivo de la CEE ha aprobado la creación de una Comisión que también servirá para preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente Ricardo Blázquez en la reunión convocada para el próximo mes de febrero por el papa Francisco con los presidentes de todas las Conferencias Episcopales para hablar de los casos de abusos.

Comienza esta semana

La Comisión, que estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, comenzará sus trabajos esta misma semana y tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico.

Estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de CONFER y de la vicesecretaría para Asuntos Generales.

Esta comisión tiene también el objetivo de actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española que sirven para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, redactará una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.

Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará al "Modelo de Directivas" redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, responder a los abusos en la Iglesia y demostrar integridad en este trabajo.

"Proteger a los menores"

La Iglesia española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que sirve a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas para saber cómo actuar en caso de agresiones o abusos sexuales a menores.

La CEE ha subrayado que la Iglesia católica tiene el compromiso de "cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio, proteger a todos menores y adultos vulnerables, crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".

Para ello, se compromete a seleccionar y formar "cuidadosamente" a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia y a responder "a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso".

También a ofrecer asistencia y apoyo pastoral, "incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable".

Abusos en La Bañeza

Menéndez Fernández es el obispo que estuvo al frente de la cuestionada investigación del caso de abusos sexuales en el seminario menor de La Bañeza, en León, y el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabra.

El caso fue investigado a raíz de una carta que una de las víctimas dirigió al papa. Para cuando las autoridades intervinieron, los delitos estabas prescritos.  El presunto responsable, el sacerdote José Manuel Ramos Gordón, fue suspendido durante 10 años el pasado septiembre.

Las víctimas siempre han cuestionado por que fue necesario que el papa tomara cartas en el asunto y denunciaron que hubo "educadores, tutores y sacerdotes que cuando las víctimas recurrieron a ellos, miraron hacia otro lado".

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