M.M. / AGENCIAS / VÍDEO: EUROPA PRESS

Meritxell Serret, Toni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig

La fiscalía belga ha rechazado la entrega a España de los exconsellers catalanes huidos en Bégica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig, por "defectos de forma" en las euroórdenes que cursó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Así lo ha manifestado el Ministerio Público este miércoles en la audiencia ante el juez belga de primera instancia, que comenzó poco después de las 9 horas.

Los exconsellers llegaron a la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia) acompañados de sus abogados y no hicieron declaraciones a los medios, aunque podrían hacerlas a lo largo del día. A la entrada del Palacio de Justicia les esperaban para mostrarles su apoyo los eurodiputados independentistas catalanes de ERC Jordi Solé y Josep Maria Terricabras, así como el del PDeCAT Ramón Tremosa.

El error que describe la fiscalía belga (y del que avisó en abril al juez español, según el diario Ara) se explica así:

La jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional cursó en noviembre de 2017 órdenes de detención nacionales e internacionales contra Puigdemont y cuatro exconsellers huidos (incluye a Clara Ponsatí, que ahora está en Escocia) por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Asimismo, cursó de forma paralela sendas órdenes de detención europea por esos cinco mismos delitos.

El juez Llarena del Tribunal Supremo, que asumió la causa, retiró un mes después las euroórdenes y las órdenes internacionales de detención, pero mantuvo las órdenes nacionales. Tras dictar auto de procesamiento para la causa del procés, el pasado 23 de marzo, reactivó las euroórdenes, pero no modificó ni actualizó las órdenes de detención nacionales: por tanto, los delitos que constaban en ambos escritos eran diferentes.

En el caso de los exconsellers que están en Bélgica, los procesó finalmente por rebelión y malversación (Comín) y desobediencia y malversación (Serret y Puig); en las órdenes nacionales siguen constando cinco delitos.

La defensa de los exconsellers ha basado sus argumentos en un precedente judicial europeo: la sentencia Bob Dogi del TJUE. Esta sentencia dice que una vez cursada una euroorden -y después de que la justicia del país receptor, como en este caso, haya pedido y recibido más información por considerarla insuficiente-, se podrá rechazar si no se ha dictado "efectivamente" una orden de detención nacional pareja.

El mecanismo de la euroorden, de hecho, requiere en su artículo 8 "la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2", Es decir, la persona tiene que estar siendo buscada por la justicia en su país y por unos delitos concretos.

Según el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, con la decisión del juez Llarena de retirar las primeras euroórdenes "perdieron vigencia" la órdenes nacionales iniciales; "Cuando llegó esta segunda euroorden, en seguida lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía belga", ha añadido. Y ha insinuado que "técnicamente" esta es "la misma situación" a la que se enfrenta Puigdemont en Alemania, pero recuerda que "cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico". 

15 días para decidir

El 26 de marzo la Fiscalía de Bruselas informó de que se habían puesto a disposición de la justicia belga Comín, Puig y Serret, los únicos que permanecen en Bélgica después de que el expresidente Carles Puigdemont y la exconsejera Clara Ponsatí dejasen el país y se encuentren, respectivamente, en Berlín y en Escocia.

El 5 de abril tras una primera comparecencia ante el juez belga los tres fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares y el día 18 de abril el juez decidió aplazar la vista hasta este 16 de mayo por la petición de la Fiscalía.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la Unión Europea por parte de otro), una vez se celebre la audiencia sobre la petición de extradición ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no. Contra esa decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

El procedimiento de las euroórdenes establece que los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.

Spanish Catalan English French German Italian Portuguese Russian

Radio Online

Videos

Oculto
Mostrar


LOWE USA