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1-O

Una jueza de Manresa ha archivado una denuncia contra la Guardia Civil por las cargas del 1-O en un colegio de la localidad barcelonesa de Castellgalí, que se saldaron con 16 heridos leves. La jueza concluye que no hubo "exceso policial" sino que los guardias civiles emplearon la "fuerza mínima imprescindible".

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número dos de Manresa acuerda el sobreseimiento de la denuncia presentada contra agentes del instituto armado por varios votantes del referéndum y por la directora de la escuela que acogió las urnas, a raíz de los daños que la actuación policial causó en el centro educativo.

La jueza descarta en su auto que hubiera "exceso policial" en las cargas y defiende que su actuación es "compatible con el uso de la fuerza mínima imprescindible de quien se enfrenta con las fuerzas del orden público en un momento de tensión", ante unos concentrados que mostraban "un comportamiento pasivo intencional de carácter obstativo frente al ejercicio de la función pública".

Según el auto, de las declaraciones prestadas en la causa, informes forenses y policiales y soportes de vídeo "no puede inferirse que haya existido un exceso policial", por lo que la actuación de la Guardia Civil fue "legítima, frente a un posicionamiento activamente obstativo por parte de más de 200 personas concentradas" ante la puerta del colegio electoral.

La jueza recuerda que era "público y notorio" que el 1-O había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, dado que la publicidad sobre el asunto "fue una constante en radio, prensa, redes sociales y televisión durante casi 23 días, en los que el único tema que se trataba públicamente en España era ese".

Alentados por la propia Generalitat

Pese a la suspensión, recuerda el auto, "parte de la población catalana, alentada por la propia Generalitat y asociaciones independentistas", acudieron a los colegios electorales "a fin de realizar una votación que estaba fuera del orden constitucional y de la legalidad más evidente", ignorando "deliberadamente" lo establecido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

"Y no solo eso", continúa la jueza, sino que muchos de ellos "se concentraron a las puertas" de la escuela de Castellgalí "a fin de impedir el acceso de las fuerzas del orden actuante al lugar donde se estaba llevando a efecto la votación y en el que se encontraba el material relacionado con el referéndum, cuyo requiso había sido acordado por la autoridad judicial".

La instructora descarta que los agentes vulneraran los derechos fundamentales de reunión y manifestación, dado que las concentraciones se llevaron a cabo "fuera del cauce normativo", lo que hizo necesaria la "intervención de la autoridad pública".

Para la jueza, el comportamiento de los cerca de 200 concentrados en la escuela de Castellgalí "no puede calificarse en modo alguno de inocuo en términos jurídicos", ni se trataba de un "mero comportamiento pasivo", sino de una actitud de resistencia que obligó a los agentes a actuar.

Vídeo de la actuación policial el 1-O en Castellgalí:

This is Spanish democracy #Castellgali #catalanReferendum #saveDemocracy pic.twitter.com/M8oqd6PGPa

— Joan #EnvantSesAtxes (@joanmroig) 1 de octubre de 2017
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